La defensa de Laura Sánchez, presidenta suspendida de la Liga Sanluiseña de Fútbol, presentó un recurso de apelación contra la sanción de un año de suspensión impuesta por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal. Las abogadas consideran que la medida es contraria a derecho y cuestionan que se haya adoptado sin una valoración suficiente de las pruebas.
Durante una presentación pública, los representantes legales de Sánchez, las doctoras Ana María López y Victoria Robledo, explicaron que el recurso busca que se revise la resolución disciplinaria y sus fundamentos. Según manifestaron, la sanción no identifica con precisión las conductas que se le atribuyen a la dirigente y tampoco cuenta, a su entender, con elementos probatorios suficientes para justificar una medida de esa gravedad.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la denuncia presentada por integrantes de la Comisión Directiva Interina quienes señalaron que Sánchez habría ejercido presiones sobre la tesorera, Cecilia Serrano, para impedir que completara trámites bancarios necesarios para normalizar la operatoria de la institución.
Frente a esa acusación, la defensa negó categóricamente que la dirigente haya ejercido presiones, interferencias o contactos con la tesorera con ese propósito.
Como parte de los argumentos de la apelación, los abogados indicaron que incorporaron una declaración de Serrano realizada ante escribano público, en la que, según afirmaron, la propia tesorera desmiente los dichos que se le atribuyeron en la denuncia.
Los representantes legales también cuestionaron que la presentación impulsada por Daniel Miranda y Gastón Argenio no incluyera, según su interpretación, pruebas directas que respaldaran esas afirmaciones.
Además, sostuvieron que durante el procedimiento se había ofrecido el testimonio de la tesorera, pero que esa prueba no habría sido considerada adecuadamente por el Consejo Federal. Este punto constituye otro de los agravios planteados en el recurso.
La defensa también objetó que la resolución haya unificado distintos hechos investigados para aplicar una pena única de un año de suspensión.
Según explicaron López y Robledo, el fallo no precisaría de manera suficiente cuál fue la conducta concreta que Sánchez habría incumplido ni cómo se acreditó su responsabilidad. Por ese motivo, consideraron que la gravedad de la sanción exigía una fundamentación más detallada y una evaluación integral de las pruebas.
En ese sentido, remarcaron que la apelación no se limita a cuestionar las acusaciones vinculadas con la operatoria bancaria, sino también el procedimiento utilizado para llegar a la sanción y los fundamentos jurídicos de la resolución.
Los abogados señalaron que el recurso fue presentado ante el Consejo Federal y que el procedimiento contempla una evaluación de su admisibilidad antes de la eventual elevación al Tribunal de Apelaciones de la AFA, que deberá intervenir para resolver la impugnación, de acuerdo con el trámite correspondiente.
Por otra parte, la defensa anticipó que analizará las vías legales pertinentes frente a las declaraciones realizadas por Miranda sobre la supuesta intervención de Sánchez en los trámites bancarios de la Liga.
Nota: Redacción Foto: Archivo
