La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, formuló cargos este martes contra el presidente del Club GEPU, Néstor Hugo Páez; su esposa, Alejandra Ferrari; su hija, Florencia Páez Ferrari; y su yerno, Ángel Federico Miranda Delicia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la institución y a la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU.
Los cuatro fueron imputados por los delitos de administración fraudulenta y hurto simple en concurso real. Además, como medidas de coerción, la magistrada dispuso que deberán firmar periódicamente el libro de la Fiscalía y tendrán prohibido salir de la provincia durante los próximos cuatro meses.
La audiencia se reanudó luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada, cuando la jueza suspendió momentáneamente el proceso para resolver cuestiones relacionadas con la competencia del tribunal y la garantía constitucional del juez natural.
Durante la exposición de la Fiscalía, la fiscal adjunta Ornella Costa sostuvo que la causa investiga una serie de maniobras que calificó como “delitos complejos y desmembrados”, vinculadas a movimientos de dinero detectados desde cuentas relacionadas con el club y la institución educativa. Según detalló, las operaciones investigadas comenzaron en octubre de 2023 e incluyen transferencias, pagos a contratistas, compras de objetos personales y gastos en plataformas digitales.
Por su parte, la defensa rechazó las acusaciones y argumentó que no existen elementos suficientes para acreditar los delitos imputados. Los abogados de los acusados sostuvieron que los balances correspondientes a los años 2023 y 2024 fueron aprobados en asamblea y remarcaron que la cuenta de Mercado Pago de la asociación civil fue creada con posterioridad a algunas de las operaciones mencionadas por la Fiscalía.
Asimismo, admitieron que pudo haber existido una “administración desprolija”, aunque consideraron que esa situación no constituye una conducta penalmente reprochable. También rechazaron la acusación vinculada al presunto hurto de materiales de construcción utilizados en obras de la escuela generativa.
Al resolver, Dopazo Samper aclaró que la formulación de cargos constituye una instancia provisoria y que será responsabilidad de la Fiscalía reunir las pruebas necesarias para sostener la acusación en las siguientes etapas del proceso. En ese sentido, indicó que aún restan producir testimonios, informes y pericias.
La magistrada también rechazó incorporar los delitos de estafa y asociación ilícita, al considerar que las evidencias reunidas hasta el momento resultan insuficientes para respaldar esas figuras penales.
De esta manera, la investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 2, mientras se profundizan las medidas probatorias para determinar la eventual responsabilidad de los imputados en los hechos denunciados por un grupo de socios de la institución.
Nota: Redacción
